miércoles, 24 de marzo de 2010

El Ayuntamiento rescinde el contrato de la zona deportiva sin fecha de apertura

Gobierno y oposición vuelven a enfrentarse por las instalaciones municipales cerradas desde febrero

El incierto futuro que le aguarda a la zona deportiva municipal de Aspe volvió a ser, durante el pleno de anoche, objeto de un nuevo e intenso debate entre el gobierno del PP y la oposición del PSOE y EU. El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Díez, defendió la idoneidad de que el Ayuntamiento intervenga o "secuestre" la concesión de un servicio que desde hace cinco semanas ha dejado de prestar, por problemas económicos, la empresa adjudicataria de la piscina climatizada, el pabellón cubierto y las pistas deportivas.
Díez se mostró contrario a ratificar el decreto de resolución o "finalización" del contrato promulgado por la Alcaldía que, no obstante, prosperó con la mayoría del equipo de gobierno. Medida que implica romper los vínculos con la mercantil aunque las instalaciones siguen cerradas, para perjuicio de más de 1.000 usuarios diarios, y sin fecha cierta de apertura. "Dos semanas de plazo y con orden judicial" anunció la alcaldesa, la popular Nieves Martínez, dos horas antes del pleno. Por este motivo el PSOE volvió a abogar anoche por utilizar la fórmula de la intervención municipal lo que, según explicó el portavoz, supondría la apertura inmediata de las instalaciones. "Lo que pedíamos entonces y, ahora pedimos con más motivo, es que el equipo de gobierno ejerza su responsabilidad de dar servicio inmediato a los deportistas que hacen uso de las instalaciones", insistió Manuel Díez a lo largo de su intervención plenaria, en la que destacó que si las instalaciones están cerradas desde el pasado 15 de febrero "es porque el camino emprendido por la alcaldesa es erróneo, perjudicial y el más caro para los aspenses. Por desgracia la alcaldesa sólo sabe dar palos de ciego", subrayó el portavoz.
Los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno para optar por resolver el contrato en lugar de secuestrarlo fueron varios. El más relevante es que la empresa adjudicataria está en quiebra técnica y, por lo tanto, en virtud de los informes jurídicos municipales la única posibilidad es poner fin al contrato de concesión. Además, las alegaciones presentadas por la propia firma también advierten de la responsabilidad en la que podría incurrir el Ayuntamiento si opta por la intervención. "Lo peor de todo es que el PSOE está metido de lleno en una auténtica contradicción. Y lo está por intereses puramente partidistas muy alejados del interés general de los aspenses", censuró Nieves Martínez mientras acusaba a los concejales de EU de mentir por asegurar que desde el Ayuntamiento se han ocultado informes. Precisamente el portavoz de esta formación, Antonio Puerto, se mostró favorable a resolver el contrato pero reprochó a la alcaldesa haber retrasado la decisión tres meses "por ignorancia o por dejadez, que igual de malo es", sentenció.

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